CODAE: CORPORACIÓN DE DESARROLLO AFROECUATORIANO

Frente a la Asamblea Constituyente el pueblo afroecuatoriano tiene una propuesta para el país. Se propone no una reforma sino un cambio de estructuras. Esto implica nuevas concepciones y practicas del desarrollo, la ciudadanía, la participación, la economía y la política dentro de un marco de interculturalidad y goce pleno de derechos ciudadanos, incluidos los colectivos.

La Constitución de Ciudad Alfaro-Montecristi debe ser la agenda del cambio. Un primer punto será garantizar en el Ecuador un verdadero Estado Social de Derecho, donde sus ciudadanos gocen en realidad de sus derechos civiles y políticos; derechos económicos, sociales y culturales; y los derechos colectivos. Este primer paso al cambio radical y democrático permitirá destruir el paradigma racista y excluyente que desde la colonia alimenta la identidad el imaginario social de nación.

Pasar de un Estado de derecho, a un Estado Social de Derecho demanda de la esfera política y de gobierno la necesidad de transformar las estructuras jurídicas, políticas, económicas y sociales de un Estado que debe pasar de la retórica de lo multiétnico y pluricultural, a la interculturalidad efectiva, es decir que todos los ciudadanos y ciudadanos gocen plenamente de sus derechos en el marco de la participación y representación.

El segundo paso al cambio radical es avanzar hacia un modelo de desarrollo que más que privilegiar el crecimiento económico haga énfasis en el bienestar humano, en la libertad cultural y en las capacidades. Para esto se requiere que la nueva Constitución implemente reformas que posibiliten políticas públicas de desarrollo incluyentes que combatan efectivamente la pobreza, la exclusión social, el racismo y la discriminación, además dar garantía a los derechos humanos, en especial el derecho a la diversidad étnica y cultural, pero muy especialmente al ejercicio y protección de la identidad, al territorio, a la participación y representación política, la consulta, al uso sostenible de los recursos naturales a los servicios sociales y el empleo, entre otros. Lo antes dicho garantizará la construcción de un real Estado Social de Derecho.

Dentro de la construcción del Estado Social de Derecho, se debe cimentar una estructura  estatal fuerte, dinámica, mediadora y potenciadota del desarrollo. Es decir, un Estado que no descuide su función social de garantizar a todos los ciudadanos servicios esenciales y sus derechos ciudadanos. Su papel debe comprender la aplicación de una política económica fuerte y alternativa, orientada hacia la creación del empleo productivo, la redistribución de la riqueza y los bienes productivos, debe fortalecer las políticas sociales y de apoyo a la salud, la educación, el crédito, la transferencia de tecnología y el desarrollo científico , así mismo no deben fallar las acciones institucionales para frenar la explotación y la flexibilidad laboral.

El Estado no puede desproteger el campo ni desestimular al sector agrario. Ecuador requiere de una reforma agraria verdadera como mecanismo para frenar el desequilibrio campo-ciudad, el empobrecimiento del sector rural, la migración, el latifundio y el monopolio del sistema agroindustrial. Se trata de una reforma a la estructura agraria, que potencie el desarrollo rural, que permita la agroindustria diversificada de la mano con la producción de subsistencia a baja escala; con el propósito de fomentar el empleo familiar, aumentar el ingreso y un mejor consumo de alimentos sanos.

Es necesario que el estado ejecute una política ambiental que evite y castigue el saqueo de los recursos forestales, la biodiversidad y los recursos marinos. La privatización del agua y el monopolio de la misma, deben ser prohibidas. Es necesario legislar a favor de la explotación racional del bosque y del uso sostenible de sus recursos. Una legislación donde las comunidades ancestrales como los indígenas y afroecuatorianos deben ser estimulados por sus prácticas tradicionales sostenibles del ecosistema. En este escenario la nación no debe esperar más y aplicar el extenso el convenio de la Diversidad Biológica, el Protocolo de Kioto.

Así mismo, el Estado debe darle importancia al cooperativismo, el asociativismo y el fortalecimiento de las capacidades y competencias humanas. Es deber obligatorio del Estado estimular las potencialidades el capital social, entendido como la capacidad de organizar, de respuesta e interpelación de la comunidad en torno al laberinto de sus destinos. Un buen capital social produce y fortalece una sociedad fuerte. Entonces, el rol de la sociedad debe ser un punto neurálgico en esta búsqueda de salidas a la encrucijada del desarrollo. No hay que dejarle todo a la mano invisible del mercado, ni a la incapacidad de los estados en la perspectiva del desarrollo humano.